En un comunicado la Comunidad 1° de Marzo Joaju del Distrito de Ybyrarobana, Canindeyu alertó sobre lo siguiente: «En el día de hoy 30 de setiembre estaba prevista una reunión con el Presidente del INDERT, gestionada por el intendente de Yvyrarovana. Sin embargo, a última hora la misma fue suspendida debido a la negativa del Presidente del INDERT de tratar el caso de la comunidad 1° de Marzo JOAJU.

Es importante aclarar que las tierras en cuestión no carecen de títulos, sino que poseen títulos fraudulentos otorgados por la dictadura stronista. A lo largo de los distintos gobiernos, incluido el actual, se ha protegido a empresarios usurpadores de tierras públicas, como los dueños de Perfecta S.A., hoy Agroganadera Pindó, en detrimento de los derechos campesinos.

El Presidente del INDERT debería ser sincero: este gobierno no está del lado del campesinado, está contra el campesinado.

Ante la negativa de buscar una salida política, desde hoy la comunidad se encuentra sitiada por la Policía, y manejamos informaciones de que grupos paramilitares operan dentro de las fuerzas policiales con el fin de provocar un enfrentamiento.

Resulta inadmisible que, para proteger los bienes malhabidos de la familia Bendlin/Cartes, se movilice todo el aparato represivo —fiscal, policial y logístico— financiado con los impuestos del pueblo. Sin embargo, para recuperar esas tierras usurpadas y garantizar el derecho del campesinado, el gobierno no hace absolutamente nada.

Preguntamos: ¿Qué se busca con sitiar a la comunidad?

Ya fue detenido un poblador que solamente salió a buscar mercaderías, y fue acusado de criminal.

Hasta dónde está dispuesto el gobierno cartista de Santiago Peña a llegar para defender los bienes malhabidos: ¿provocar un enfrentamiento con tal de devolver a la familia Bendlin/Cartes las tierras usurpadas?

Frente a esta situación:

1. La comunidad 1° de Marzo JOAJU se declara en asamblea permanente y en movilización dentro de su territorio.

2. Llamamos a la Comisión de Reforma Agraria y de Derechos Humanos del Congreso a hacerse presente como órgano del Poder Legislativo, ante la provocación y la incitación a la violencia proveniente del Poder Ejecutivo.

3. Solicitamos la presencia de la CODEHUPY y de la Comisión Nacional contra la Tortura para acompañar este proceso, intentando brindar garantías a nuestra comunidad frente a la planificación de violencia orquestada desde el gobierno contra el campesinado y sus dirigentes.

4. Finalmente, apelamos a la solidaridad obrera, campesina, indígena y popular, para resistir y defender nuestro territorio y nuestra comunidad», concluye señalando.