Llaman a condenar fallo “criminalizador” de luchadores sociales
El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) hizo un “llamado a las organizaciones democráticas, sociales y políticas del país para pronunciarse sobre este atropello judicial y a mantenerse en alerta ante el proceso de apelación al que se someterá el juicio”.
Fue al comentar el fallo del tribunal que condenó al ex director del Instituto de Tierras (Indert) César González Parini y al dirigente campesino Ronald Guerrero a 10 años de prisión por “estafa y lesión de confianza” en la utilización de fondos de la institución.
María Esther Leiva, Luis Gilberto Ruiz y Armando Ignacio Báez, de la Asociacion Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), y, Rafael Aguayo Trinidad y Antonio Gayoso, de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC), fueron condenados como coautores a 8 años de prisión.
Esa fue la decisión de los jueces Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga (en disidencia) que respaldaron la acusación del fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que llegó a requerir 12 años de pena para González Parini en sus alegatos finales.
Según entendieron, los acusados causaron perjuicios por G. 3.800 millones en fondos que no se acreditaron a favor de familias campesinas.
Desde el PCPS considerán que se trata de “una persecución política y un intento de criminalización de las organizaciones sociales” por lo que anunciaron que habrá apelación y reclamaron: “¡Absolución Ya!”
Lo hicieron explicando que “César González Parini nunca fue ordenador de gastos del INDERT”y que “En septiembre y octubre 2011, se dieron los primeros convenios de Seguridad Alimentaria, con las organizaciones campesinas: MCNOC, ANAPA, OCRC, CONAMURI, MAP, Fundación Guaraní y otras. Se realizaron distribución herramientas, maquinarias, semillas. El monto asignado era de 4.000 millones. César González por su cargo, coordinaba y realizaba un seguimiento conformando 5 (cinco) grupos de verificadores institucionales que realizaban informes dirigidos a la Presidencia del INDERT, no tenía responsabilidad administrativa en las transferencias y desembolsos de recursos institucionales, responsabilidad exclusiva del Presidente en aquel entonces Ing. Agr. Marciano Barreto (+), quien suscribía los convenios y firmaba las resoluciones de transferencias y desembolsos, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas que era la encargada de la confección de cheques y transferencias”.
En un comunicado titulado “La justicia en lo que sabe: Criminalizar a las organizaciones y luchadores sociales” apuntó que: “… un tribunal que no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y que basó sus argumentos en las pruebas irregulares presentadas por la fiscalía, sentenció a nuestro compañero César González a 10 años de prisión en un caso caratulado de “estafa” correspondiente a transferencias de fondos realizadas desde el INDERT a organizaciones campesinas y fundaciones en el 2011. La sentencia también incluye a Esther Leiva, Luis Aguayo, Luis Ruiz, Antonio Gayoso (8 años), entre otros.
Todo el proceso se ha visto embarrado por un evidente interés de criminalizar y perseguir a dirigentes sociales, campesinos y políticos, dado que las acusaciones nunca fueron demostradas fehacientemente y fueron refutadas de forma contundente con documentos que demostraron que los fondos fueron utilizados correctamente, que las familias beneficiarias recibieron los insumos y proyectos, que las observaciones sobre documentos faltantes fueron rectificados por las organizaciones y que el relevamiento de pruebas por parte de la fiscalía estuvo plagada de irregularidades.
Llama la atención que los responsables directos de la autorizaciones de desembolsos y transferencias no han sido involucrados en la investigación y ni siquiera denunciados, aparte de que quien realizó las acusaciones fue el director del INDERT del 2014, Justo Cárdenas, condenado en el 2021 por enriquecimiento ilícito”, apuntó.
Solidaridad
La solidaridad de organizaciones y partidos no se hizo esperar. El Partido Comunista apuntó en un comunicado que “hemos asistido a otro bochornoso episodio protagonizado por el Poder Judicial de la dictadura patronal que ha condenado -en primera instancia- a varios militantes sociales y políticos, en abierto atropello a su propia legalidad, con el claro objetivo de golpear al movimiento popular.
Por un lado, condenó al compañero César González Parini a 10 años de prisión en un caso caratulado de “estafa” correspondiente a transferencias de fondos realizadas desde el INDERT a organizaciones campesinas y fundaciones en el 2011. La sentencia también incluye a Esther Leiva, Luis Aguayo, Luis Ruiz, Antonio Gayoso (8 años), entre otros. El proceso judicial, plagado de vicios e irregularidades, fue iniciado por una denuncia presentada por, nada más y nada menos, que Justo Cárdenas, expresidente del INDERT condenado por enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, un Tribunal de Sentencia de Alto Paraná, condenó a 2 años de prisión a Marta Díaz, lideresa de la comunidad indígena de Ka´a Poty, en un juicio promovido por quienes usurpan las tierras indígenas con títulos malhabidos. Varias familias de la comunidad desalojada dos veces de sus tierras se encuentran resistiendo en duras condiciones en la Plaza de Armas hace más de 5 meses.
Este 18 de abril está prevista otra jornada del juicio oral en el marco del proceso judicial arbitrario llevado adelante contra Aurora Lezcano por las protestas estudiantiles del 2017 en la Universidad Católica de Asunción. La fiscalía pidió un año de prisión, sin embargo, los abogados de la UCA solicitaron que la condena sea de dos años.
Todos estos casos siguen un patrón común: la utilización del Poder Judicial para criminalizar la protesta social y toda forma de disidencia social y política. No es nuevo, y lamentablemente no será la última vez que la mafia, las patronales, se sirvan de artilugios jurídicos para defender sus intereses de clase. Este mes de junio se cumplen 10 años de la masacre de Curuguaty, uno de los más representativos casos de criminalización cuyo desenlace fue favorable al movimiento popular, gracias a la sostenida, combativa y amplia lucha por la libertad de las presas y presos políticos. Sin embargo, los verdaderos responsables de los asesinatos, torturas y ejecuciones perpetrados aquel 15 de junio, siguen en total impunidad.
Arístides Vera, Gustavo Lezcano, Agustín Acosta, Simeón Bordón, Roque Rodríguez y Basiliano Cardozo siguen afrontando una absurda condena a 35 años de prisión en el marco de un proceso judicial en el que se violaron más de 40 artículos del Código Procesal Penal, del Código Penal, de la Constitución Nacional y numerosos Tratados Internacionales.
Genaro Meza, militante del Partido Paraguay Pyahura, sigue preso con una condena a 20 años de prisión, en similares condiciones al caso de los Seis Campesinos.
Laura Villalba, madre de una de las niñas ejecutadas por la FTC en Yby Yaú enfrenta un proceso penal y guarda reclusión en Encarnación a la espera de Juicio Oral por buscar a Lichita, su sobrina, que desde el 30 de noviembre de 2020 se encuentra en condición de desaparecida a manos de la FTC. Carmen Villalba soporta una extensión ilegal de su condenaa, ya que pese a haber compurgado la totalidad de los años de prisión que se le impuso, sigue presa en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en abierta violación a toda la normativa legal nacional e internacional.
Stiben Patrón, Nelly Cartola y Roberto Rojas están a un paso de ir a prisión, luego de que el Poder Judicial confirmara la condena de tres años por “perturbación de la paz pública” durante las protestas del 31 de marzo de 2017 que derivaron en la quema del Congreso Nacional. Cabe destacar que en ese mismo marco, se produjo el asesinato a manos de la Policía Nacional del joven Rodrigo Quintana en el interior de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico y hasta la fecha, no hay una sola persona condenada por este crimen político
Debemos recuperar el ejemplo de Curuguaty y entender que la defensa del debido proceso y la identificación y denuncia de la persecución política y de los atropellos a los derechos, va más allá de las diferencias políticas, ideológicas, tácticas e incluso estratégicas. Luchar por la libertad de todas las presas y presos políticos es un piso básico de dignidad que como movimiento popular no podemos permitir que sea pisoteado”, recordó la fuerza política.
