Indígenas exigen 10% de royalties para restitución de su territorio ancestral
La Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPy), con una marcha y movilización, presentó al Congreso Nacional un anteproyecto de ley cuya finalidad busca resarcir el despojo y destrucción de las comunidades de los pueblos indígenas en Paraguay así como la sistemática expulsión y exclusión indígena de sus hábitats.
De aprobarse la propuesta, señala que se establece que el 10% de los royalties y de las compensaciones de Itaipú y Yacyretá, así como de los royalties por la explotación de hidrocarburos, se destinen a la compra de tierras indígenas y a su desarrollo.
El fondo de desarrollo sería administrado por el Indi y estará supervisado por todas las comunidades indígenas legalmente constituidas, a través de una Mesa de Programas y Proyectos de Desarrollo Indígena (MPPDI), constituida por el INDI y por un representante de cada comunidad indígena con personería jurídica.
El 12 de octubre se recuerda el conocido como “descubrimiento de América”, a propósito de la llegada de los colonizadores europeos al continente el 12 de octubre de 1492. El concepto de “descubrimiento” es cada vez más discutido por los indígenas, que reivindican su existencia como cultura y civilización mucho antes del proceso de la conquista.
En el fundamento del proyecto de ley señalan que las comunidades indígenas eran, hasta la llegada del colonialismo español, dueñas de todas las tierras de lo que hoy se conoce como América Latina y del Paraguay. “Fueron despojadas de sus tierras y de todas las riquezas en ellas contenidas por el Imperio español”, subrayan.
Añaden que la Independencia de la corona española no significó, en la generalidad de América Latina, la inmediata restitución del derecho a la tierra para las comunidades indígenas, sino apenas la continuación del despojo, con nuevos amos: las oligarquías locales criollas o mestizas.
En el caso del Paraguay, la Independencia (1811 – 1870) permitió que el Estado sea dueño de todas las tierras del país –se expropiaron las tierras que ostentaban españoles, la oligarquía criolla y la Iglesia– y, en dicha medida, al ser casi en un 100% las tierras públicas, las comunidades indígenas pudieron volver a disponer de sus tierras.
Esta situación cambió radicalmente a partir del genocidio perpetrado con la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Los gobiernos legionarios posteriores, aduciendo deudas del Estado, entregaron a precio regalado la tierra pública –apoyados en leyes de privatización de la tierra de 1883 y 1885– que, hasta entonces, en gran medida era habitada por comunidades campesinas e indígenas.
Fuente: Demoinfo.
