Debatieron sobre terrorismo jurídico y criminalización de la protesta social
La Juventud del Partido Comunista Paraguayo realizó un panel debate en el que se analizó el empleo distorsionado de los mecanismos jurídicos para ubicar en el campo del delito las reivindicaciones sociales.
Najeeb Amado, Mirna Rodríguez, Francisco Benítez y Ximena López, integrantes de la mesa, y parte del público que participó de la actividad.
La actividad se realizó el pasado viernes en local del Partido Comunista Paraguayo (PCP) y participaron como disertantes Mirna Rodríguez, hija de Roque Rodríguez, preso político que fue vinculado al caso Cecilia Cubas; Francisco Benítez, abogado de dos de los condenados por el mismo caso; la abogada Ximena López, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y Najeeb Amado, de la Comisión Política del PCP.
En primer lugar Mirna Rodríguez denunció el proceder parcialista de los fiscales del caso, Rogelio Ortúzar y Sandra Quiñónez, además de la subordinación de la justicia al poder del dinero. Hacia el final del encuentro, ya en la ronda de intervención del público, Rodríguez relató los duros momentos vividos cuando su padre, a días de la finalización del juicio, se mantenía confiado aún en la justicia y se mostraba seguro de que sería liberado por ser inocente, aunque sus familiares eran conscientes de que el caso estaba cocinado y que se iba a dictar la condena a como dé lugar.
Por su parte, el abogado Francisco Benítez enumeró algunas de las arbitrariedades del proceso, en el que los entonces acusados fueron condenados por haber participado en una reunión política en la que supuestamente se decidió la muerte de Cecilia Cubas. En este sentido Benítez apuntó, entre otras cosas, la alevosa violación del derecho a la defensa al habérsele denegado la presentación de una prueba clave que mostraba las contradicciones del testigo cuya declaración fue utilizada para sustentar la condena.
En este sentido hizo referencia al testigo Dionisio Olazar, quien en una entrevista televisiva había dicho que Cecilia había sido asesinada la noche del 24 de diciembre de 2004, pero en el testimonio utilizado por el tribunal se sostiene que la reunión en la que supuestamente se decidió el asesinato se realizó en enero de 2005. A pesar de esa grave contradicción, el tribunal no admitió dicha prueba argumentando que la audiencia ya había concluido. Ante esto el abogado contrapuso que dicho medio probatorio se generó recién durante el transcurso del juicio.
También mencionó que los entonces acusados permanecieron presos sin condena más tiempo de lo que establece la ley, ya que no se les computó el tiempo de reclusión en la Argentina, ya que las autoridades consideraron que los presos fueron “hospedados” en dicho país. “Si el tribunal iba a juzgar conforme a derecho debía anular el proceso”, afirmó Benítez.
Terrorismo jurídico y control social
Posteriormente la abogada Ximena López dijo en referencia al mismo caso que se registraron todas las violaciones procesales concebibles. También apuntó que la justicia es una herramienta de control y persecución contra los campesinos y las reivindicaciones sociales en general.
“Lo que más grafica el caso de los seis es la criminalización a reivindicaciones justas. El Estado actúa vinculando hechos punibles con la dirigencia de izquierda, sin una sola prueba de que los hechos hayan ocurrido como el tribunal sostuvo que ocurrió”, expresó López.
Luego hizo una relación con el caso Curuguaty y observó que este episodio fue como el termómetro que midió cómo estaba la dirigencia ante las arbitrariedades del poder político. Citó como ejemplo el caso de los 14 campesinos que habían sido acusados del secuestro de Luis Lindstron y que habían sido liberados por el juez Gustavo Bonzi, cuya cabeza rodó para dejar bien sentado que el brazo judicial del Estado debe cumplir a ciegas las órdenes de condenar a quienes el poder considera una amenaza, aunque no hayan cometido ningún ilícito.
Por último, Najeeb Amado habló de la vaguedad de la figura del terrorismo de tal suerte que una amplia gama de hechos se incluyen o se excluyen de su marco en función a criminalizar la protesta social, lo cual es una característica “de los Estados en general y del Estado oligárquico del Paraguay en particular, donde su centro de poder es la mafia”, aseveró Amado.
Así, hizo referencia al autor Carlos Tuya, quien sostiene que la ley expresa la correlación de las fuerzas sociales y tiene un carácter inmovilista a fin de congelar el estado de esa relación de fuerza. En este sentido enfatizó que incluso esa legalidad, que de por sí tiene elementos profundamente injustos, en Paraguay ha llegado a un punto en que el mismo poder que montó dicha legalidad para blindarse debe violarla constantemente.
Sobre este punto se refirió al autor Braulio Martínez, quien define el terrorismo jurídico como la encarcelación y ejecución del adversario sin respetar el debido proceso, aplicando torturas para quitar declaraciones y falsearlas, elementos que –afirmó– están presentes tanto en el caso de los seis como el de Curuguaty.
Amado observó que el gobierno de Horacio Cartes ha creado un clima sicosocial favorable a la represión y a la mano dura con la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que habilita el uso de las fuerzas militares para cuestiones de seguridad interna en el marco de la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El dirigente también relató su experiencia durante la visita a los presos políticos que fueron vinculados al caso de Cecilia, quienes destacaron el inmenso apoyo que tuvieron en la Argentina, ya que en dicho país se ha enraizado la idea de que es un honor visitar a un preso político. También contó que tanto Roque Rodríguez como Agustín Acosta instaron a los movimientos sociales a manifestar su solidaridad con los choferes de la Línea 30 que se están crucificando en reclamo de sus derechos laborales.
Durante la jornada también se realizó una feria de libros, agendas, cuadernos de notas y otros objetos con leyendas alusivas a las luchas sociales. Entre los varios títulos disponibles se encontraba el libro del preso político Agustín Acosta, “Reflexiones políticas desde la cárcel”, que cuenta con las palabras preliminares de Claudia Korol y prólogo de Stella Calloni.
