Con la militarización en el Norte se intentó destruir la agricultura familiar

Esta es la conclusión extendida entre dirigentes de comunidades campesinas. Desde la instalación de la Fuerza de Tarea Conjunta aumentaron la plantación de la soja, el sicariato y la narcoganadería ¿Cuál es el motivo real de la permanencia de la FTC?

Por Julio Benegas Vidallet

Fotos y edición: Elisa Marecos y Sandino Flecha.

Es un domingo de sol cálido. La enorme planta de mango proyecta una media sombra en el zaguán de la casa de Sindulfo Agüero. En la pieza, el altar espera el rezo del novenario, que se hará a la tarde. En un sillón de madera, Sindulfo aguarda la entrevista. Ya con mate terminado, retira los anteojos y acaricia el ojo derecho. La retina del ojo derecho cede. El izquierdo ha quedado güero, vacío, a consecuencia de los golpes que recibió en la cabeza ya en los años ochenta por parte de la policía del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989).

-Aje’íma ha’e pene ra’aro. Oñe’esetereíma. Ojapopora hese (Hace rato que les espera. Quiere hablar demasiado. Le hace bien)- comenta Estela, la hija, con sus ojos de lágrimas resecadas. Ahora la urgencia de Estela es encontrar un ñembo’eýva (Lit: brazo del rezo. Persona que lidera los rezos en los velorios y en el novenario) libre. “Tenemos que darles el gusto a la gente que cree en el novenario”, reflexiona al azar.

Estela es hija única de Sindulfo y Alejandra Bazán. Alejandra respiró por última vez el viernes 28 de julio del 2023, a sus 81 años, luego de cuatro años de trajinar por hospitales, sondas y respiradores artificiales. A ese lugar, Alfonso Cue, Sindulfo y Alejandra se asentaron en 1962. El mundo entonces era un gigantesco monte de yerbas silvestres y altos, ampulosos y antiquísimos árboles.  Lo cruzaba una calle de tierra roja que unía Concepción con Pedro Juan Caballero. En un recodo, en Yby Yau, se desprendía el camino interior largo hasta Asunción, y en otros recodos, más hacia Brasil, los senderos que comunicaban entre sí a las comunidades guaraníes Paî Tavytera.

Desde que se asentaron debieron organizarse para todo, para plantar, para cosechar, para enviar en carretas los productos a Concepción o Pedro Juan Caballero y de retorno esperar los productos manufacturados:  azúcar, fideos y aceites.  De esa necesidad vital de organizarse para sobrevivir había nacido la Organización Campesina del Norte (OCN), en asambleas del 4 y 5 de diciembre de 1986.

Sindulfo Agüero, pytyvohára (maestro de escuela rural) y catequista entonces, fue uno de sus fundadores. La organización creció y se extendió. La vida y la dignidad eran los valores centrales de aquellas comunidades organizadas que contaban con almacén comunitario de consumo, hacían mingas de trabajo y sostenían permanente capacitación agrícola.

Nacida en 1963, ya desde los nueve años Estela vivió la experiencia de que su padre sea aprehendido en su chacra por los policías.  “Tenía demasiado miedo yo de los policías, no los podía ver. Verlos me producía pavor”, asume como tomada por un escalofrío.

Entre tantas luchas emprendidas, Sindulfo Agüero y sus compañeros de la OCN habían ocupado y recuperado el antiguo campo comunal Cerrito Totora. Esto ya fue en 1999, y por esta razón, también Sindulfo había ido preso. Hasta ese momento había registrado siete entradas en prisión. Jamás se imaginó que, ya en el 2010, a sus 69 años, durante el primer gobierno de alternancia, el de Fernando Lugo, hubiese sufrido el más aparatoso allanamiento y más largo apresamiento de su vida. Tampoco su hija, Estela Agüero, esperaba que aquella mañana un comando de efectivos policiales y militares ingrese a empellones a su casa, donde su hija con discapacidad para el habla dormía y mientras su pareja se preparaba para las labores de la chacra.

El atraco

Aquel día de diciembre de 2010, al alba, luego de tomar el mate con su doña, abrió el granero de la organización, miró los silos, conversó con los encargados del almacén de consumo. Luego, cuando se dirigía a su chacra, un comando militar y policial allanó la casa en busca de supuestas evidencias de que él, Sindulfo Agüero, al igual que varios integrantes de la Organización Campesina del Norte (OCN), eran el “apoyo logístico del Ejército Paraguayo del Pueblo” durante el secuestro del ganadero Luis Alberto Lindstron, ex intendente de Tacuaty, departamento de San Pedro.

A punto de romper la puerta, Sindulfo les dijo que tal cosa no era necesaria y se adelantó para abrir la puerta principal de la casa. Recogieron sus papeles, sus libros y, a empellones, lo alzaron de nuevo a la camioneta.

-Eguapy pepe (Siéntese ahí)- le ordenó recio un efectivo encapuchado, indicándole el plan barroso de la camioneta.

-Naguapymo’ái (no me voy a sentar)- respondió al señalar el barro rojo pegado a la cubierta.

Más tarde, ya él preso, otro comando policial y militar volvió a buscar más “evidencias” en el granero de la organización. Llevaron unas bolsas de maíz, otro “indicio” más de que Sindulfo Agüero y varias personas de la OCN, eran “efectivamente apoyo logístico del EPP”, según el libreto de la fiscalía, encabezada entonces por el fiscal Joel Cazal.

 

El delito de Estela

Estela, como integrante de la OCN, se encargaba de preparar el local y los almuerzos para los encuentros comunitarios. Y como Alejandro Ramos era el tesorero, tenía mucha comunicación con él para sacar adelante las tareas, pero, había sido, Alejandro era sindicado como parte del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP). Asaltaron su casa a punta de metrallas, apuntaron a la cabeza de ella, de su pareja y de su hija con discapacidad en el habla y en el oído. “Hetaiterei che guereko hasy ikuei, che tortura, che amenaza. Upéicha aiko heta tiempo, Concepción pe primero ha upei Buen Pastor pe (Me trataron muy mal. Me torturaron y me amenazaron. Así estuve mucho tiempo, en las prisiones de Concepción y Asunción”.

“Opyta okyjyjepa lo mitã. Upevaera ojapo hickuei la ojapova. Omogyýje hagua (La gente quedó con miedo. Para eso hicieron lo que hicieron. Para hacerle tener miedo a la gente)”, sentencia Sindulfo.

 

 

En ese tiempo de violento ataque a los integrantes de la OCN, la militarización del norte del país se había establecido por declaración de Estado de Excepción. Finalmente, en el 2013, ya durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), impusieron, por una ley, la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es una ley que, según el estudio encargado por Serpaj Paraguay al constitucionalista Juan Carlos Mendonca, en el 2014, es claramente inconstitucional. En la Constitución Nacional se establece que las Fuerzas Armadas de la Nación están para resguardar el territorio nacional y custodiar a las autoridades legítimamente constituidas.

Desde esos tiempos, en la justificación de combate al Ejército Paraguayo del Pueblo, la Fuerza de Tarea Conjunta ha generado un escenario de terror en las comunidades del norte, más especialmente en Horqueta, Arroyito, Azotey, Hugua Ñandu y Kurusu de Hierro, “con procedimientos completamente desproporcionales al fin propuesto y claramente amedrentatorios”, al decir de Marciano Jara, uno de los dirigentes del Asentamiento Arroyito.

El caso Arroyito

En este asentamiento, ubicado en el departamento de Concepción, muchas familias aún guardan en la retina aquel domingo 19 de abril de 2014 tarde, cuando, en pleno torneo de fútbol en el Núcleo 3, tres militares vestidos de civiles dispararon al aire exigiendo a todos “cuerpo a tierra” y cuando, luego de esto, irrumpieron las camionetas de la Fuerza de Tarea Conjunta con varios uniformados con metralla. Supuestamente buscaban a un miembro del EPP, pero para Marciano Jara y Zacarías Díaz, el operativo no fue otra cosa que un amedrentamiento a una comunidad que en abril de 1989 había conquistado una tierra de 8.000 hectáreas a pocos meses de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Desde entonces este asentamiento se organizó para vivir en comunidad, con cooperativas, escuelas, canchas y agricultura familiar. En ese tiempo, el comandante militar de la FTC era el Gral. Restituto González Ramírez y el comandante policial Antonio Gamarra, ambos con antecedentes muy cuestionables en operativos anteriores ya desde el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998).

En Arroyito también recuerdan cómo ejecutaron, por la espalda, al joven Vicente Ojeda, 25 años, el 15 de noviembre del 2014. Vicente era pareja de la hermana de los Jara Larrea, sindicados por la fiscalía y la Fuerza de Tarea Conjunta como partes y cabezas de un desprendimiento del EPP, el ACA, (Agrupación Armada Campesina). Tampoco la comunidad olvida cómo mataron a Agustín Ledesma, el 11 de abril de 2012, cuando, espantado por el operativo militar, fue a resguardarse en un matorral. Al joven, sordo mudo, ya acribillado, le pusieron un uniforme de camuflaje, inaugurando así el expediente en Paraguay de los falsos positivos en tiempos de la restringida democracia.

También a las niñas

Esta tarea de matar gente inocente camuflándola después con ropa militar llegó a su momento de mayor impunidad con la ejecución de las niñas María del Carmen y Liliana Villalba, el 2 de setiembre de 2020, en un operativo contra un campamento del EPP que el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) mostró como exitoso. Al igual como se hizo con Agustín y como los hermanos Marcos y Hermegildo Ovelar, las nenas, acribilladas, fueron uniformadas de combatientes y se las enterró en dos horas, utilizándose de excusa los protocolos entonces del COVID-19. El propio presidente Mario Abdo Benítez, cuyo gobierno se encontraba asediado por los reclamos en el manejo de los dineros para enfrentar la pandemia, fue hasta el campamento militar, se sacó una foto con revólver en la cintura y celebró “el éxito de la FTC”. Esta aparición rambesca sumó  elementos a la teoría del periodista y docente Hugo Pereira de que el EPP es una estructura “funcional a la oligarquía” y la extendida creencia de que se lo utiliza como cortina de humo para distraer el foco de atención de problemas sensibles a la población como en ese tiempo configuraba el descubrimiento de sobrefacturaciones exorbitantes de insumos para combatir el COVID 19.

Las niñas, parientes de combatientes del EPP, vivían en Puerto Rico, Misiones, Argentina, y habían ingresado al país para juntarse con sus familiares. Aunque al principio quisieron también camuflar la edad de las niñas, ya el 3 de setiembre, el forense Pablo Lemir confirmaba que los cuerpos eran de niñas de 11 años, cuestión que, luego, con las documentaciones pertinentes, quedó sentenciada. En la estampida del campamento, desapareció otra niña, Lichita (Carmen Elizabeth Oviedo Villalba). Hasta el cierre de este artículo, la niña, hija de Alcides Oviedo, Carmen Villalba, comandantes del EPP en prisión, sigue desaparecida y el gobierno paraguayo no ha mostrado señales de querer encontrarla.

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Es domingo, a la siesta. Horqueta se muestra una ciudad de familias sentadas en las veredas, pollerías y bodegas sobre la avenida principal bien surtidas. Al interior, a unos kilómetros del centro, se halla el local central de la OCN. Adriana Muñoz, técnica agrónoma, integrante de la OCN, comparte un asado, chipas, ensaladas y sopas paraguayas con su extensa familia. Luego de compartir el almuerzo, Don Alipio Muñoz y Adriana nos muestran la huerta orgánica de la OCN. Los tomates son brillantes y pulposos, los locotes gozan de muy buena salud y los mamones lucen un color naranja intenso. En la amplia sala del local están expuestos los repelentes orgánicos y en un salón pequeño una consola y micrófonos de la radio comunitaria esperan operador para retomar la programación.

“De a poco nos vamos recuperando”, comenta, entre suspiros, Adriana. “Pero el golpe a las organizaciones fue muy fuerte. A nuestro criterio, vinieron a destruir la agricultura familiar para permitir el avance de la soja transgénica, los frigoríficos y las papeleras”, asume.

Una hermana de Adriana, Sonia Muñoz, también técnica agrónoma, había sufrido, a la misma hora que Sindulfo, Estela y otros integrantes de la OCN, el apresamiento y la incautación de sus libros y otros documentos, entre ellos textos de SERPAJ, Base IS, todos expuestos como pruebas de que eran apoyo logístico del EPP. Luego sufrió, al igual que los demás, un año y ocho meses de cárcel, hasta que un juez de Concepción, Osvaldo Bonzi, resolvió, por falta de pruebas, otorgarles la libertad. Esa misma tarde, aquel juez fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, suspensión confirmada luego por la Corte Suprema de Justicia. “Fue una clara señal de que no importaba la existencia o no de pruebas para procesar y condenar a la gente”, determina el docente Benjamín Valiente.

Adriana, nacida en Peguahomi, Belén, trabaja en la escuela Coronel Presidente Franco, en la compañía de San Marcos. Mientras nos muestra los avances en la producción agroecológica, afirma: «No entiendo la presencia militar como seguridad, no tenemos seguridad. No nos sentimos protegidos. Nos sentimos desprotegidos. Ahora cambiaron de estrategia, ya no se los ve más. Antes no queríamos salir de nuestras casas, sentíamos cada vez más inseguridad”. Y desde que se instaló la Fuerza de Tarea Conjunta «hay más robos, más abigeo, aumentó el feminicidio y el sicariato”, dictamina.

Para ella, es categórico que el gasto (unos 20 millones de dólares al año) del Estado en mantener la FTC no tiene sentido, más en una zona donde faltan asistencia médica, infraestructura escolar, mercado para los productos primarios, tratamiento oncológico, terapia intensiva, asistencia técnica para la agricultura familiar. “Hetaiterei mba’e noroguerekói” (demasiadas cosas no tenemos).

-¿Entonces, a qué vinieron…?

-Y desde tres años atrás avanza también el cultivo de la soja y el maíz transgénico. Más protegen a los ganaderos y el agronegocio. Ahora se instaló también el cultivo de celulosa.

Para Adriana lograron en parte su fin: “omokanguy ha omosaramby la organización (metieron miedo entre la gente y desarticularon la organización)

Antes, recuerda ella, las organizaciones campesinas se movilizaban frecuentemente por sus demandas de asistencia, salud, educación. Ahora, más desmovilizadas, “muchas familias alquilan sus 10 hectáreas a los sojeros, luego venden, y entonces aparece el fenómeno de las fumigaciones (el contacto con el veneno produce cánceres, afecciones respiratorias y cutáneas y malformación de criaturas, según diversos estudios). La Red de Mujeres tiene tres casos. En un caso hubo una resolución de parar las fumigaciones, no pero no cesa, no hay imputación. A nosotros nos imputan por cualquier cosa, con cualquier supuesta prueba”.

La creencia de Adriana de que la militarización del norte tuvo por objetivo principal atacar a la organización social y a la agricultura familiar campesina y no precisamente a la insurgencia armada es una creencia común entre activistas.

Los Porqué y por qué

Entre los allanamientos más desproporcionales de la FTC se encuentra el atraco a la casa de la señora Elcira Duarte, en Horqueta, a la madrugada del 21 de noviembre del 2011. Cuando la señora Elcira, una maestra jubilada, recuerda este episodio todavía tiembla. Estaban ella y una niña de once años. Entraron por el techo a la casa, rompieron cuanto pudieron, en una comitiva de camiones militares y un helicóptero. Le apuntaron a la cabeza a ella y a la niña la pusieron cuerpo a tierra y también la apuntaron a la cabeza.

«Oñoty hickuei kyhyje» (siembran miedo). Esta es la primera sentencia que le brota a doña N, dirigente de una organización de mujeres del campo, cuando se le pregunta por la FTC.

«Ellos vinieron con la justificación de agarrar delincuentes del EPP. Eso siempre decían. Pero yo no veo mba’e pora, py’a guapy. Oñoty hickuei kyhyje (no veo nada bueno, ni bienestar. Sembraron miedo)», repite.

Doña N también asegura que en los operativos, los encarcelamientos y en los procesamientos judiciales destruyeron organizaciones y amedrentaron otras. “Nos costó mucho reunirnos otra vez. No hay ningún resultado positivo. Hay más abigeo, asesinatos, ha umi sicario kuera katu ojukante (y esos sicarios matan por matar), no se sabe quiénes son ni por qué hacen lo que hacen».

-Y ahora?

-Ahora parece que nos acostumbramos. Antes volaban helicópteros, asaltaban casas. Ahora también ya se planta la soja. Oñatende hagua latifundio re ou hickuei (para atender el latifundio vinieron).

 

Benjamín Valiente a acaba de dar agua a sus animales. La mandioca, el maíz y el poroto crecen en la chacra con buenos colores. En su valle, San Blas del Ju’i’y, distrito de Concepción cuentan con una cooperativa, las familias tienen chacra, ganado menor y aves de corral. En sus siestas y tardes muy calientes se refrescan en el arroyo, el Ju’i’y. Con frecuencia esta composición de la agricultura y ganadería familiares se extiende por la Ruta 5 y las comunidades de más adentro. Son tierras rojas, en su mayor parte, aptas para el cultivo y la ganadería. A los ojos de los sojeros, que en el nordeste y parte del sur de nuestro país ya han acumulado más de 3. 500.000 hectáreas en sus alforjas de semillas transgénicas, son una mina de oro.

Docente y agente de la Pastoral Social, Benjamin, al igual que monseñor Pablo Cáceres y el docente Marciano Jara, son parte de otro comando, el de denuncias y resistencias a tantos abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares en esa región a la que llaman “zona de influencia del EPP”. Valiente y Pablino Cáceres han escrito el libro Relatos que parecen cuentos donde narran una serie de ejecuciones arbitrarias y varias formas de abuso de poder, y Marciano Jara tiene un minucioso registro de casos, donde resalta una docena de operaciones irregulares de la FTC solamente en Arroyito, la comunidad más atacada de toda la región.

Él siente que la creación de la FTC es una legalización de lo que era en épocas del régimen de Alfredo Stroessner el Estado de sitio. Tiene, a su criterio, dos objetivos, uno formal y otro no declarado. El formal es el combate a las fuerzas insurgentes, y el no declarado: desalentar a la gente que se dedica a la agricultura familiar, persiguiendo, principalmente a los dirigentes.

«Esto no lo van a decir, pero es claro que estamos en un territorio en disputa entre nuestro antiguo teko (antigua vida), de chacras y ganados familiares, y el modelo monocultivista y transgénico (alrededor de 3.500.000 hectáreas de plantación transgénica se extienden en la región oriental del país).  Y de fondo, tampoco declarado, el narcotráfico. En realidad, no estamos en una zona de influencia del EPP, sino de lo otro.

-Cuál otro

-A buen entendedor, pocas palabras.

“Existimos”

A sus 83 años, Sindulfo Agüero cree que vivimos “una dictadura del capital”y alienta a la reorganización de la gente sobre el valor de la vida y la producción colectiva. Adriana Muñoz alza la mirada y asume: «no nos destruyeron. Existimos. Es todo muy difícil, pero existimos».

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