13 Sep El sinsentido absoluto de quitar la estabilidad laboral
Las declaraciones del presidente Santiago Peña sobre la reforma del Código Laboral y la estabilidad especial de 10 años son un sinsentido absoluto, sin correspondencia fáctica. Los grandes grupos económicos concentrados y sus estudios jurídicos argumentan que la estabilidad especial condena a los trabajadores a ser despedidos antes de alcanzar ese período. Esta afirmación, además de ser falaz por la falta de estudios sociológicos y estadísticos serios que demuestren una gran cantidad de despidos en el período de sospecha, es ineficaz para resolver el problema discursivamente creado. La solución propuesta por los grupos empresariales es: dado que se despide a los trabajadores antes de que alcancen la antigüedad, habilitemos que se pueda proceder al despido en cualquier momento de la relación laboral, es decir, profundizar la precarización.
Tampoco es una solución la simulación del despido o el «clean up» para «comprar» la antigüedad del trabajador y reiniciar la relación laboral. Sabemos que la autonomía de la voluntad está restringida en el derecho laboral, debido a la irrenunciabilidad de derechos y a la posición subalterna del trabajador en la relación bilateral entre capital y trabajo. Por ello, es ilegal pactar condiciones inferiores a las establecidas por la ley, y la mera expresión de la voluntad no concede a las empresas el derecho a hacer lo que deseen. Legalizar el clean up sería dar un manto legal a la simulación, al fraude laboral y a desdibujar la institución de estabilidad en el empleo para que los empresarios no tengan que preocuparse por el «pasivo laboral».
Avanzar sobre la estabilidad es también avanzar sobre las construcciones doctrinarias históricas del derecho laboral, como el principio de no regresividad. Toda legislación que no considere este principio general, reconocido universalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el inciso 8 del artículo 19 de su Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos, está viciada de ilegalidad.
El juego discursivo consiste en presentar una situación que no representa un problema real en la estructura laboral del Paraguay y proponer una solución que atenta contra los derechos conquistados de los trabajadores en un proceso de agresión sin precedentes en la historia del país. Las declaraciones de Peña nos instan a estar alertas y movilizados en defensa de los mínimos derechos alcanzados.
Si avanza el proyecto de eliminación de la estabilidad laboral de Peña las centrales sindicales tienen que profundizar el trabajo político con sus bases y hacer un llamado a la huelga General. La batalla tiene que ser jurídica, discursiva y en las calles.
*Abogado laboralista
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