Rechazan intención del gobierno de limitar acceso al seguro del IPS

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió un pronunciamiento en el que rechaza el anuncio del gobierno de limitar el acceso al seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas que padecen enfermedades catastróficas. Asimismo, el presidente del ente, Benigno López, adelantó que con la reforma de la carta orgánica también se establecerían topes en el acceso a servicios y medicamentos ante el supuesto riesgo de colapso que amenaza a los fondos jubilatorios.

En este sentido, la Codehupy señala que las medidas anunciadas por el gobierno son incompatibles con la obligación de garantizar “a toda persona el nivel más alto posible de salud física y mental” que tiene el Estado. Añade que el “Poder Ejecutivo no puede negar el derecho a la salud a ningún paciente, menos aún sobre la base de cálculos financieros y requisitos administrativos, alegando presunción de ‘fraude’ en la admisión de personas aseguradas que requieren atención médica”.

La organización también expresa que las acciones de amparo y otras medidas impulsadas por los asegurados que no pueden acceder a los servicios o los medicamentos son herramientas legítimas de exigibilidad. Esto considerando que el Estado incumple reiteradamente sus obligaciones con su deficiente política de salud pública, dejando a la suerte de las empresas privadas a una gran parte de la población, que incluso se ve obligada a acudir a los servicios médicos de los países vecinos.

Ante esta situación la Codehupy exige al gobierno detener su política regresiva en materia de salud pública, asegurando que la atención médica sea para todas las personas sin discriminación alguna en todos los servicios.

El IPS es uno de los entes con mayor recaudación de país, con unos 400.000 millones de guaraníes al mes, pero los hospitales se encuentran desabastecidos y con los servicios rebasados. Organizaciones sindicales denuncian que esto forma parte de una política deliberada del gobierno, que busca crear el ambiente propicio para privatizar el sistema de seguridad social.

Asimismo, advierten que con el proyecto de creación de la Superintendencia de Seguros, que el Ministerio de Hacienda promueve con el supuesto fin de mejorar el control financiero en el uso de los recursos, se pretende unificar las cajas jubilatorias para subsidiar con dinero del IPS el déficit de otros fondos de pensiones, como los de los policías y militares. Además, denuncian que con el cambio de la carta orgánica del ente el objetivo es utilizar fondos previsionales para préstamos a empresas y obras de infraestructura que serían repartidas entre los allegados del oficialismo. Esta iniciativa es rechazada por los asegurados ante el riesgo de malas inversiones y la mala experiencia de préstamos concedidos a transportistas, que no devolvieron los créditos contraídos.

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