Obrero muere calcinado en una obra al servicio del capital internacional.
Por Abel Irala
Se trata de Delio Antonio Mendoza Delvalle, uno de los 300 trabajadores que se encuentran en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, trabajando para el Consorcio del Corredor Vial Bioceánico integrado por las empresas Brasileñas y Paraguayas, Queiroz Galvão SA y Ocho A, respectivamente. El incendio ocurrió el martes 13 de julio por la noche, en el campamento donde los obreros descansan y pasan la noche, el lugar ardió en llamas y el cuerpo de Mendoza fue encontrado totalmente calcinado.
Se trataría de un corto circuito, aún no se tiene nada oficial al respecto, el Consorcio dijo estar a disposición para que se verifique el campamento de la obra, el anuncio es tardío, ya que el campamento quedó arruinado en cenizas. Más allá del breve comunicado empresarial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Trabajo deberían intervenir de forma urgente, aclarando el hecho y los responsables del mismo.
No será una sorpresa que esto no ocurra y que la muerte de este trabajador quede en la nada, una muerte más de una persona trabajadora que no tendrá lugar en la justicia paraguaya. De hecho, a más de 24 horas de lo ocurrido, prácticamente el caso no se conoce, es como si no tuviera relevancia y la vida de los trabajadores y trabajadoras carezcan de valor alguno.
Los principales periódicos del país dedicaron algunas líneas para hablar de lo sucedido, indicaron que posiblemente fue un cortocircuito eléctrico y luego aprovecharon los párrafos siguientes para informar del supuesto progreso que significa la obra. No faltaron los medios más amarillista que responsabilizaron del fatal acontecimiento al “martes 13”, un día considerado de mala suerte. Deslindando así toda responsabilidad que pueda existir por parte de las empresas contratantes y las normas de seguridad, control, higiene e infraestructura que deben proporcionar para las personas contratadas.
La obra de la ruta bioceánica es la obra cumbre del agronegocio internacional porque atraviesa al Chaco paraguayo con el objeto de convertirse en un canal de conexión entre los puertos del atlántico y el pacífico, se trata de un corredor económico y logístico que traerá enormes beneficios para las grandes empresas, no se trata de una forma de conectividad o integración entre los pueblos, al contrario, se trata de asegurar la movilización de productos y mercancías que son extraídos de los territorios, en muchos casos violentando los derechos de comunidades campesinos e indígenas.
La construcción de la ruta se viene proyectando desde lo que se conoció como IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), un proyecto al servicio del capital internacional vinculado con la agroindustria. En el año 2019, el Estado paraguayo asumió una deuda de 746 millones de dólares con el Banco UBS Securities LLC de Estados Unidos para poder iniciar los primeros 277 kilómetros de asfalto. El gobierno actual de Abdo Benítez, buscó varias formas de convencer sobre la importancia de la ruta, entre sus argumentos colocó siempre la generación de fuentes de trabajo. En promedio, más de mil obreros de distintas partes del país trabajan duramente y no se sabe con certeza en qué condiciones, para hacer posible el avance de la obra que el gobierno usa constantemente como propaganda.
Hoy es responsabilidad del presidente de la república aclarar y buscar justicia en el hecho que le costó la vida a uno de los obreros. Se puede decir que se conoce muy poco sobre las condiciones de trabajo en las que se encuentran los/as trabajadores/as, no existe control estatal sobre este aspecto, el trabajo en la obra no se detiene, no se ha detenido ni en la fase más dura de la cuarentena, se trabaja 12 horas de corrido o más, hasta en horas de la noche, según los obreros, quienes habían realizado una huelga en febrero del 2020 para exigir el respeto y cumplimiento del contrato firmado con el Consorcio, y en aquel momento ya habían denunciado la muerte de un obrero que recibió una descarga eléctrica, de nombre Donato Coronel de 60 años.
El dolor y la tragedia de los pobres no es noticia de primera ni segunda plana, no tiene lugar en la agenda de los medios empresariales y no es motivo de alarma para las instituciones estatales en un país donde los intereses de la oligarquía y las multinacionales son las prioridades absolutas.
La muerte de Delio Mendoza y Donato Coronel, es una muestra más del despotismo patronal existente en Paraguay, apañado y alimentado por el mismo Estado, la explotación de la mano de obra, hasta el final, hasta la muerte. A Delio y Donato, los llorarán sus compañeros y compañeras de trabajo, familiares, en el anonimato, en silencio y en el dolor de un pueblo que siempre se intenta esconder, un pueblo que por ahora llora en silencio a sus muertos.
