Gobierno no aclaró aún asesinato de dos niñas por parte del ejército paraguayo
Al cumplirse el 2 de septiembre un año del asesinato de dos niñas de 11 años por parte de miembros de fuerzas de seguridad, el gobierno sigue sin dar explicaciones sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde. El dicha ocasión las menores murieron en un supuesto enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las niñas tenían nacionalidad argentina. Por tal motivo, el gobierno del vecino país solicitó en diversas ocasiones a las autoridades paraguayas explicaciones sobre el hecho sucedido en Yby Ya’u, localidad ubicada a casi 370 kilómetros de Asunción, en el departamento del Concepción.
La cancillería argentina lamentó el jueves mediante comunicado, que no se haya aún esclarecido el caso. Pidieron además que Paraguay que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para prestar su apoyo a la investigación y realizar una autopsia de los cuerpos.
Solicitan además que representantes del estado argentino y familiares de las niñas puedan tener acceso a los documentos administrativos y judiciales. Señalan además que Paraguay se negó sistemáticamente a estas dos solicitudes.
En el mismo día la cancillería paraguaya emitió un comunicado sobre el reclamo argentino, señalando que ha realizado propuestas concretas y expresado su disposición para compartir información relacionada a los diversos procesos de investigación actualmente en curso, los cuales se encuentran dentro de los plazos procesales que dictan las normas internas.
Hasta el momento no existe ni un solo miembro de las FTC juzgado o bajo investigación por el caso que fue noticia a nivel mundial.
En su momento, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que se destruyeron pruebas fundamentales y denunció graves irregularidades en la investigación del caso. Cuatro días después del hecho, representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab calificó el hecho como gravísimo. En febrero de este año la alta representante del organismo, Michelle Bachelet, pidió esclarecer la muerte de las niñas.
El Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), emitió un pronunciamiento al cumplirse el primer año. Responsabilizó al estado, señalando que no cumplió con su rol de proteger a las niñas. “No lo hizo y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta dispararon contra ellas a quemarropa, dándoles muerte, cuando se encontraban presuntamente en un campamento del grupo de criminales autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la ciudad de Yby Yaú”, señaló la organización.
El hecho
En la tarde del 2 de septiembre del 2020, desde Yby Ya’u llegaban noticias de un supuesto enfrentamiento entre las FTC y miembros del EPP. Posteriormente se informaba que habría sido muerta una de las cabecillas del grupo. El presidente de la republica Mario Abdo se trasladó hasta la zona y en su cuenta de twitter calificada el operativo como exitoso.
Con el correr de las horas y con detalles más claros, se supo que los fallecimientos eran dos y se trataban de mujeres jóvenes. El comandante de las FTC General Hector Grau, señalaba que se trataban de dos adolescentes. Posteriormente se supo que las muertas eran dos niñas de 11 años, Lilian y María Carmen. En un principio, Grau desmintió categóricamente que se tratasen de niñas de esa edad.
Hasta el momento Grau no fue interpelado por el Congreso ni puesto bajo investigación sobre la muerte de las niñas.
Una vez que fueron asesinadas, las niñas fueron vestidas con uniforme militar y enterradas rápidamente en fosas. La excusa para tan rápida acción fue el protocolo Covid. Luego se ordenó exhumar los cuerpos para verificar las edades, confirmándose sus edades respectivas. El análisis de los disparos que recibieron las niñas, indican que los proyectiles llegaron desde varias direcciones.
La muerte de las niñas encendió un debate fuerte entre sectores de la sociedad. También desató una ola de indignación sobre todo en Argentina. Existieron sectores en Paraguay que justificaron el accionar de las Fuerzas de Seguridad.
Principalmente referentes de los medios del Grupo Cartes y sus satélites buscaban desviar la atención hacia la responsabilidad de los padres de las menores asesinadas.
Por su parte la diputada Celesta Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), había justificado el asesinato, señalando que eran militantes.
“La verdad hay que llamar las cosas por su nombre. Así como también dije que esas niñas eran militantes, no estaban jugando muñecas ni haciendo sus deberes. Esas niñas estaban adiestradas desde muy chiquitas”, expresó.
El accionar de las FTC, creadas durante el gobierno de Horacio Cartes en el 2013, ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones. Abusos hacia la población, manejos oscuros y prácticamente nulos resultados, han puesto a este cuerpo de seguridad bajo la mira.
En varias ocasiones desde el parlamente se planteó su desmantelamiento. Sin embargo, los sectores conservadores y reaccionarios del legislativo lograron que siga perpetuándose. Desde su creación y hasta agosto de este año, el gobierno destinó 128 millones de dólares a las FTC.
