El ministro de Trabajo, la política económica y la tarea del movimiento sindical y social

El economista Guillermo Sosa, en estos dos años al frente del Ministerio de Trabajo, ha demostrado suficientemente su incapacidad y absoluta falta de aptitud para desempeñar el cargo.

Por Eduardo Arce

Sosa se ha esforzado en demostrar su ignorancia en el tema de las relaciones laborales y los conflictos que se desarrollan dentro de estas. Sus respuestas indican que es un desconocedor de las leyes laborales, o al menos, estar profundamente desinformado al respecto. Lo peor es que se ha manifestado como un supino embustero y farsante.

Todos estos adjetivos no son calificativos peyorativos, sino caracterizaciones que reflejan la realidad con total fidelidad. Por ejemplo, se le preguntó acerca de qué se está haciendo con relación a los reclamos que plantean las organizaciones obreras y respondió “que se tienen nueve centrales obreras en el país, contra uno que tiene Uruguay, y que no se oponen a que se creen otros y, además, dijo que si fuera una cuestión de cantidad de sindicatos, puso como ejemplo que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene 23 y la ciudadanía reclama constantemente un mejor servicio”, según una publicación periodística.

Obviamente, nada tiene que ver la existencia de nueve centrales sindicales con la política del gobierno, implementada por Guillermo Sosa, de trabar de manera permanente la inscripción de los sindicatos en los registros del Ministerio a su cargo. O que en el IPS existan muchos sindicatos, y con ello no mejoran los servicios a los asegurados. La falta de medicamentos e insumos, el mal servicio, las largas esperas, etc., son de responsabilidad directa y única de la gestión administrativa de la dirección del Instituto, o mejor, de la política del gobierno de fundir el IPS para privatizarlo, que es su intención.

El Ministerio de Trabajo debe velar por la protección de los trabajadores y las trabajadoras, debe garantizar el respeto de sus derechos, debe cumplir y hacer cumplir la legislación nacional, los contratos colectivos, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por nuestro país en materia de trabajo, empleo y seguridad social y debe vigilar su aplicación y cumplimiento, tal como dice la ley Nº 5.115/13, que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Es mayoritariamente aceptado el hecho de la incapacidad del economista Guillermo Sosa para desempeñar el cargo de ministro, pues no cumple, ni ha cumplido nunca, con la ley de creación del MTESS.

No obstante, si bien Guillermo Sosa ha demostrado su ineptitud en el desempeño del cargo de ministro de Trabajo, debemos destacar su actitud y aptitud inconmensurables, y evidentes a simple vista, para aplicar con toda eficacia la política del gobierno de liquidar al movimiento sindical de manera a acallar las posiciones contrarias y las protestas contra su plan económico de transferir al capital privado, sectores enteros del Estado (empresas, servicios, bienes), a través de la Alianza Público-Privada (APP), de endeudamiento externo, de reducción de gastos sociales y recortes de conquistas y beneficios de los trabajadores del Estado, de precarización de las condiciones laborales y de empobrecimiento creciente del pueblo trabajador.

Y para liquidar al movimiento sindical –y otras organizaciones y movimientos contestatarios–, el gobierno se ha trazado una despiadada política antisindical, por un lado, de persecución a las organizaciones y dirigentes sindicales –y otras–, y de profundización de la criminalización de la protesta, para lo cual tiene la complicidad del Ministerio Público y el Poder Judicial, y por otro, de cancelar la personería sindical de los sindicatos, a través de la deliberada retención, por tiempo indeterminado de los expedientes de solicitud de inscripción en los registros del Ministerio de Trabajo.

Al movimiento sindical –y social en su conjunto– no le queda otra salida que coordinar y unificar todas las fuerzas para enfrentar con éxito a la política antisindical y antipopular del gobierno colorado de Horacio Cartes.

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