El «4 de Copas» Riera, el «Profamilia» Zavala y la ANR expresan la crisis de legitimidad política
Por Alberto Alderete
Imagen: Federación Nacional Campesina (FNC).
La ley promulgada que aumenta las penas por invasión, es un acto irresponsable e inútil porque está comprobado que el aumento de las penas no disminuyen los crímenes. Si a eso se agrega la eliminación del presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para compra de tierras a las familias campesinas en extrema pobreza, se tiene un formidable cóctel explosivo con imprevisibles consecuencias, porque las familias agricultoras en extrema pobreza no se quedarán sentadas, resignadas a morir de hambre. El gobierno no ha aprendido nada de experiencias recientes de otros países, en los cuales la ciudadanía de todos los colores, instrucción y religión, ha salido a las calles a reclamar un mayor bienestar social haciendo estallar este mismo tipo de planes y políticas que hoy el gobierno implementa.
Lo que esos pueblos han puesto al descubierto es la crisis de representatividad de sus autoridades; es el modelo de democracia representativa que sólo representa a la casta de políticos y gobernantes que viven en una cápsula de cristal, llena de lujos, de privilegios, y que excluye a la ciudadanía. La soberanía ya no reside en el pueblo sino en una cúpula de corruptos y de privilegiados. La soberanía que el pueblo ha delegado en sus representantes para que éstos gobiernen en su representación, ha sido traicionada. Esta casta de políticos autistas de nuestro país no ha escuchado el pedido de perdón que han hecho a sus pueblos Sebastián Piñera de Chile, Lenín Moreno de Ecuador e Iván Duque de Colombia entre otros, cuyas políticas han explotado en grandes protestas que han costado la vida a decenas de personas en cada uno de esos países.
La reforma agraria y la redistribución de la tierra por parte del INDERT, con su ínfimo impacto y con todos sus fracasos, sin embargo ha contenido en parte la presión campesina por la tierra. Según registros del INDERT, de 2009 a 2020 el estado ha adquirido 149.316 hectáreas de tierra por un costo total de 943 mil millones de guaraníes, beneficiando a 15.814 familias compuestas por 71.163 personas, con lotes de diez hectáreas cada una, en asentamientos o colonias que cuentan con caminos, escuelas, puestos de salud, energía eléctrica, espacios recreativos, áreas de reserva y algunos con agua potable. Estas familias cuentan con viviendas y chacras en las que cultivan variedades de rubros de auto consumo y algunos de renta con los que generan pequeños ingresos financieros, crían cerdos, gallinas y en pocas medidas, vacas. Mediante la reforma agraria estas familias han realizado, en forma directa, sus derechos humanos a la alimentación y al trabajo, y en forma indirecta han tenido acceso a la educación escolar básica, a la vivienda y a la salud.
Salieron de la exclusión política y social para convertirse en ciudadanos con auto estima, que participan en la vida de sus comunidades ejerciendo sus derechos civiles y políticos. En resumen, el derecho a la vida, en cuanto que bien de la personalidad prioritario y fundante de los demás bienes de la personalidad. ¿Qué otro plan estatal ha sacado del hambre y de la exclusión a tantas familias campesinas? Ninguno. Estos son, a pesar de las falencias, los logros de la reforma agraria, que permanecen escondidas de la opinión pública.
Sin embargo, en el Presupuesto General de Gastos para el 2021, el gobierno asigna sólo Gs 20 mil millones al INDERT para compra o pago por tierras, lo que servirá para pagar sólo el 3 % de los 710 mil millones de guaraníes por deudas antiguas de tierras, y ya no sobrará ni un guaraní para la compra o pago por nuevas tierras. Según documentos obrantes en el INDERT, desde el 2013 el gobierno viene recortando el presupuesto del INDERT, tanto para compra de tierras como para su funcionamiento, a la vez que el precio de las tierras ha ido aumentado de Gs 8 millones la hectárea en promedio en el 2009 a Gs 15 millones la hectárea en la actualidad, lo que se traduce en una menor capacidad de compra de tierras para su adjudicación.
En el 2013 el presupuesto del INDERT fue (en miles de millones) de Gs 445.399.875 del cual 285 mil millones era para compra de tierras; en el 2014 Gs 304.387.123 del cual 169 mil millones era para compra de tierras; en el 2015 Gs 430.052.844 del cual 110 mil millones era para compra de tierras; en el 2016 Gs 293.125.402 del cual 119 mil millones era para compra de tierras; en el 2017 Gs 293.125.402 del cual 66 mil millones para compra de tierras; en el 2018 Gs 184.979.664 del cual 66 mil millones era para compra de tierras; en el 2019 Gs 159.829.085 del cual 53 mil millones era para compra de tierras y en el 2020 Gs 146.164.753 del cual 32 mil millones era para compra de tierras. Para programas de arraigo, en el 2013 el FIDES tuvo un presupuesto de Gs 86.084.286.980 y en el presupuesto del 2021 Gs 7.630.725.000. Una evolución del presupuesto del gobierno asignado al INDERT entre los ejercicios fiscales del 2013 y el 2021 muestra un recorte del 76 % para gastos del INDERT, una disminución del 93 % para compra de tierras y un recorte de 91 % para el FIDES.
Como se observa, el mayor impacto en la compra y adjudicación de tierras se dio del 2009 al 2016 por la mayor disponibilidad de presupuesto, siendo a partir del 2017 que se produce una caída acelerada hasta niveles nulos en el 2021. Esta es la dramática como inadmisible situación presupuestaria del INDERT, cuyos funcionarios están haciendo lobby con el Ministerio de hacienda y la comisión de hacienda del senado para una ampliación presupuestaria para compra de tierras de Gs 80 mil millones, que se sumarán a los Gs 20.887.707.095 ya presupuestados, con lo que se completarán Gs 100.887.707.095 con Fuente 20 denominada Recursos del Crédito Público.
La redistribución de la tierra a los agricultores campesinos, aunque mínima, ha tenido una importante contribución para que los campesinos se queden en el campo, disminuyendo la migración campo-ciudad. Según datos publicados en el 2010 por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), la reducción o pérdida total de la superficie de la agricultura familiar entre 1991 y 2008 que abarca el último Censo Agropecuario Nacional, puede calcularse en 366.593 hectáreas, equivalente a la mitad del total de tierras adquiridas para reforma agraria en casi igual período de tiempo. Es decir que 366.593 hectáreas de la agricultura familiar han desaparecido pasando a engrosar el estrato de los medianos agricultores. Pero al mismo tiempo aproximadamente 733 mil hectáreas pasaron a engrosar el estrato de la agricultura familiar mediante la reforma agraria del gobierno.
Si se compara la redistribución de la tierra a las familias en extrema pobreza en los 18 años entre 1991 al 2008 (733 mil has) y en los 11 años, del 2009 al 2020 (149.316 has), se ve que hubo una disminución de la redistribución de la tierra del 40 % aproximadamente en 10 años. Esta disminución se explica por cuatro motivos: a) la coyuntura política y social determinada por la caída de la dictadura y las aspiraciones democráticas de los campesinos sin tierra, que se tradujeron en una explosión social por la tierra que obligó al estado a darle respuesta; b) el precio aún bajo de las tierras, lo que permitió comprar o pagar por mayor cantidad de tierra; c) la disminución de la movilización campesina por la tierra en los últimos 11 años comparada con el periodo post dictadura, que aflojó la presión sobre el estado que redujo el presupuesto del INDERT, y, d) el aumento de los precios de la tierra en los últimos 11 años.
Volviendo a la ley promulgada, uno de sus impulsores es el 4 de copas Enrique Riera, un inútil que para lo único que sirve es para perseguir a campesinos pobres, ya que en el senado es un lobo solitario que no tiene simpatizante ni bancada. Apenas fue electo senador por Honor Colorado, en forma oportunista renunció a esta corriente pensando que iba a ser la bisagra que uniera a Honor Colorado con Colorado Añeteté, lanzándose como candidato a presidir la Junta de Gobierno. Pero una vez abandonado a Cartes y ofreciéndose a Colorado Añeteté, éste sólo ha silbado mirando para otro lado. Hoy, nadie le quiere. Los 4 son cartas de poco valor en el juego del truco, porque son insignificantes, y entre ellos el 4 de copas es el menos útil, al contrario de las cartas del As de espada, 7 de oro y 7 de espadas que son las de mayor valor, las más útiles. De ahí que Enrique riera merece tener el apelativo de 4 de copas.
El otro impulsor de la ley es Fidel Zavala, quien además de invasor de tierras públicas, es un activo militante del movimiento religioso Pro Familia, con la particularidad de que Zavala ha entendido que Pro Familia, significa que hay que sembrar familias por todos lados, no importa que sea dentro o fuera del matrimonio, y en lo posible no reconocerlas para no complicar la causa. Zavala ha abrazado con pasión el movimiento Pro familia/s, y no hay duda de que le está yendo de maravillas.
Finalmente, sólo resta decir que son impredecibles las consecuencias de vaciar al INDERT de presupuesto para compara de tierras y encarcelar por 10 años a las familias en extrema pobreza que ocupan inmuebles rurales. A eso hay que agregarle una generalizada insatisfacción social originada en defectos estructurales relacionados con la pobreza, desigualdad, desempleo y dificultades para la movilidad social. Podría usarse para este caso la frase de la conocida polka Mateo Gamarra, en la que su concubina Delfina Servín le dice a Mateo Gamarra: “anichene reje quejá si a tiempo ro avisá”
