CCT reclama a «Congreso Unitario» de otras centrales acciones contra el programa del gobierno

La Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), dió a conocer una Carta Abierta al Congreso Sindical Unitario del 5 de agosto de 2021 realizado por las centrales CNT, CUT y CUT-A, al que reclamaron lo se convierta en un «acuerdo de cúpulas» y que salga a luchar por un reajuste salarial de al menos un 35%.

Aquí el texto in extenso: «Saludamos la iniciativa unitaria y auguramos un debate fructífero y resoluciones orientadas a la defensa de los intereses de la Clase Trabajadora.

Desde la CCT, bregamos siempre por la unidad del movimiento sindical y de la clase trabajadora. Pero creemos que esta unidad debe estructurarse sobre la base de la recuperación de los principios fundamentales del sindicalismo clasista y combativo. La unidad no puede traducirse en acuerdos de cúpulas para componendas; nunca puede significar la connivencia de cúpulas para conseguir algunos cargos; mucho menos puede implicar la complicidad para beneficiarse con la corrupción; la unidad no puede desembocar jamás en la conveniencia de cúpulas para el beneficio personal de los dirigentes.

Compañeros y compañeras, estamos viviendo momentos difíciles de nuestra historia, venimos soportando una de las peores crisis en lo económico, social y político que se ha agravado visiblemente con la crisis pandémica. Hemos sido los trabajadores y el pueblo quienes hemos pagado los costos de esta crisis. Los hemos pagado con nuestros muertos, con un nivel de mayor pobreza y miseria, con miles de desocupados y con un nivel de vida cada vez más deteriorado. Los hemos pagado con el aumento, sin precedentes, de la deuda externa que pagaremos los trabajadores.

El futuro es incierto y preocupante, el plan que el gobierno pretende seguir aplicando plantea mayor endeudamiento interno y externo y más ajustes a los gastos sociales, ataque a las conquistas históricas de los trabajadores, entrega de la soberanía energética, apropiación de los fondos previsionales, favoritismo a los más poderosos en la política fiscal.

La crisis se seguirá profundizando y volveremos a tener otro marzo 2021. Es por ello que se torna imprescindible la unidad de la clase trabajadora para movilizarnos y exigir nuestros reclamos históricos. En este sentido sostenemos que no habrá cambios verdaderos si la clase trabajadora organizada no irrumpe el escenario político ocupando los espacios de poder que le corresponden.

Debemos partir por rechazar categóricamente el plan económico y la nefasta política entreguista del gobierno de Mario Abdo que está orientada a descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y a cambio debemos proponer un Programa de Emergencia Nacional de los Trabajadores y el Pueblo que sea elaborado por los propios trabajadores. Un programa que contemple las medidas para enfrentar con eficiencia la pandemia así como la crisis estructural que venimos soportando desde hace décadas; que aborde las medidas sociales urgentes de forma tal que el costo de la crisis ya no recaiga sobre el pueblo a través de la deuda externa. Que sean lo ricos quienes paguen con sus extraordinarias ganancias el costo de esta crisis.

Con respecto a los puntos del orden del día del Congreso, a continuación nos permitimos, con todo respeto, comentarles nuestra percepción y propuestas sobre los mismos.

El tema salarial es muy claro, debemos seguir exigiendo el reajuste salarial de por lo menos el 35%, teniendo en cuenta que está demostrado que ese es el porcentaje de la pérdida del valor adquisitivo del salario tomando como base el comportamiento salarial de los últimos 25 años. Debemos exigir además una nueva política salarial con las garantías de un representación genuina de los trabajadores en las instancias de decisión.

En cuanto a la libertad sindical, debemos denunciar enfáticamente a este gobierno por violarla recurrentemente. En nuestro país no existe la libertad sindical, el Ministerio de Trabajo, lejos de promover la libertad de organización y de sindicalización, impulsa una política diseñada para obstruir el proceso de organización sindical creando una serie de mecanismos para evitar que los trabajadores logren legalizar y formalizar sus organizaciones sindicales.Debemos exigir el cese inmediato de las medidas de obstrucción a la libertad sindical por parte del propio Ministerio de Trabajo, así como el cese de la violación a la libertad sindical por parte de las patronales.

Por otra parte, se debe exigir al gobierno avances de manera seria en una efectiva desprecarización del trabajo en el sector público, donde no solo no se garantiza derechos elementales contemplados en la legislación laboral a las y los trabajadores contratados, sino que se los tiene por años en carácter de “prestadores de servicios”.

Con respecto a la generación de empleos, cuya responsabilidad directa es del gobierno, consideramos que debemos exigir, en primer lugar, la participación directa de los genuinos representantes de la clase trabajadora en la elaboración de los planes para la generación de trabajo digno. Exijamos una nueva política de generación de empleos con participación de los trabajadores, que contemple empleos dignos, mayores inversiones en obras públicas estatales, más escuelas, más hospitales, caminos que favorezcan la producción agrícola, apoyo efectivo a las pequeñas y medianas empresas y a la agricultura familiar campesina.

Con respecto a la salud pública, la pandemia desnudó las profundas deficiencias del sistema sanitario en nuestro país, rubro social que se encuentra lejos de formar parte de las prioridades del gobierno Debemos exigir: El aumento inmediato del porcentaje del Presupuesto General de Gastos destinado al rubro de la salud pública, como mínimo en los niveles recomendados por la OMS. Exigir la efectividad en la campaña de vacunación para frenar definitivamente el avance de los contagios y las muertes por covid-19. Exigir la rendición pública sobre dónde están los más de 1.900 millones de dólares con lo cual el gobierno ha endeudado al Estado con el supuesto objetivo de mejorar las condiciones para superar la crisis pandémica. Exigir la participación directa de los trabajadores de la salud en el diseño y elaboración de los planes de salud pública orientados a mejorar la salud pública.

Con respecto la situación de los fondos previsionales y el peligro que corren a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2016 que saliera a la luz recientemente, y a través del cual se favorece ilegalmente a los trabajadores navieros para que cobren montos jubilatorios por encima de lo establecido por la ley orgánica previsional (Ley 98/92) que establece que ningún trabajador puede cobrar como haberes jubilatorios montos que excedan los 10 salarios mínimos.

Este fallo no solo pone en peligro el equilibrio financiero de los fondos previsionales, sino que desnaturaliza arbitrariamente el carácter del sistema previsional de reparto solidario y en los hechos hace mutar al sistema en la lógica de la capitalización individual.

En atención a estos antecedentes, consideramos que se debe resolver rechazar categóricamente el fallo de la CSJ, alertar a todas las organizaciones de la clase trabajadora sobre el peligro que conlleva esta decisión de la máxima instancia judicial y movilizar a todas las organizaciones para revertir el carácter del fallo que implica la ruptura con el sistema de reparto solidario.

Por otra parte, se encuentra pendiente de estudio en el Senado el proyecto de modificación del sistema de gobernanza del IPS, presentado por el senador de PPQ Stephan Rasmussen. El Congreso debe pronunciarse por el rechazo de este proyecto porque plantea separar la institución en dos estructuras que conlleva a una duplicación de los costos administrativos y por otro lado porque plantea otorgar atribuciones al Consejo para permitirle actuar con mayor discrecionalidad en la utilización de los fondos previsionales en materia de inversiones.

 

La tarea debe ser elaborar un proyecto que surja de la discusión democrática de todos los sectores de la clase trabajadora y, en ese sentido, que recoja la visión que tienen las y los asegurados y jubilados del IPS, de forma tal a dar una mayor representatividad a los trabajadores en la estructura de gobernanza, asegurar los mecanismos de control y vigilancia para blindar los fondos previsionales y garantizar un mejor funcionamiento del servicio de la salud para lo cual es fundamental aumentar el fondo para este rubro. Además, debemos señalar la frontal oposición a un nuevo intento de reactivar el Proyecto de Superintendencia, que no es otra cosa, que una forma velada de avanzar en la reforma previsional en detrimento de asegurados y jubilados.

Con respecto a la política energética y a la deuda de Itaipú, teniendo en cuenta la inminente negociación del Anexo C del tratado de Itaipú y por otro lado considerando el informe de la Contraloría General del Estado, que ha destapado la escandalosa estafa con la deuda espuria y los daños económicos al Paraguay, el Congreso debe resolver:

Exigir que no se baje la tarifa de Itaipú antes de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú en el 2023, mientras Brasil no reconozca nuestra soberanía hidroeléctrica expresada en nuestro derecho a exportar nuestros excedentes eléctricos a precios de mercado. Exigir el cese del pago de la deuda espuria y requerir a Eletrobrás la devolución de manera retroactiva de lo pagado demás desde el momento en que la deuda fue cero. Exigir la conclusión antes del 2023 de las obras de infraestructura eléctrica necesarias para poder ejercer nuestra soberanía hidroeléctrica y exportar nuestros excedentes a terceros países. Exigir que el informe final de la Contraloría sea llevado a la mesa de negociación con Brasil pactada para la revisión del Anexo C de Itaipú. Mantener la tarifa de Itaipú es una de nuestras principales cartas de negociación con Brasil y nos permitiría disponer de 1000 millones de dólares anuales para el desarrollo de la infraestructura eléctrica nacional y para bajar la tarifa de la Ande para el pueblo trabajador y sectores vulnerables.

Algunos puntos que también deberían formar parte del Orden del Día del Congreso Unitario

1.- Análisis y consideración del posicionamiento asumido por los dirigentes de la CNT y la CUT en aquellos álgidos momentos cuando se descubrió la existencia del “Acta secreta de la Traición”.

Esta maniobra delictiva por parte de importantes exponentes del gobierno provocó la indignación generalizada del pueblo trabajador que salió a las calles, con los trabajadores de la Ande a la vanguardia, a exigir la inmediata anulación de dicha Acta y el pedido de juicio político al principal responsable de esta deleznable traición a los intereses de la Nación: el Presidente Mario Abdo Benítez. Sin embargo, en ese mismo momento, cuando la indignación de los trabajadores pedía el juicio político para el presidente,

cuando la crisis era tan profunda que varios de esos exponentes del gobierno fueron obligados a renunciar, los dirigentes de la CUT y la CNT, no solo no se plegaron a las movilizaciones de protesta, sino que fueron personalmente a plantearle una “mesa de trabajo” actitud con la cual asumían el apoyo político al presidente de la República.

Nuestra opinión sobre este posicionamiento de traición a los intereses de los trabajadores y el pueblo paraguayo es que, como mínimo, el Congreso debiera plantear una SANCIÓN MORAL para estos dirigentes, una seria AUTOCRITICA de parte de los responsables y que se tomen las medidas correspondientes para que eso nunca vuelva a ocurrir.

2.- Análisis y consideración del posicionamiento asumido por los dirigentes de la CUT, la CNT Y la CUT-A, quienes públicamente manifestaron su apoyo al plan económico del gobierno, así como el apoyo a la gestión de la Ministra de Trabajo en una carta de fecha 17 de julio del 2020 dirigida al Presidente de la República y que fuera difundida ampliamente. Si bien es cierto que la CUT-A y la CUT emitieron, posteriormente un comunicado en el que se sostiene el rechazo a la política económica del gobierno, jamás se planteó ninguna rectificación, ni se hizo mención al contenido de la nota, así como tampoco se rectificó el posicionamiento de apoyo público a la gestión de la Ministra. La CNT y las demás centrales sencillamente no sacaron ninguna aclaración al respecto.

Consideramos un hecho muy grave el apoyo al plan económico del gobierno y a la gestión de su ministra de trabajo. Un gobierno que lo único que ha hecho fue propiciar el endeudamiento público sin mejorar absolutamente nada la situación de los trabajadores. Un gobierno que demostró no solo una marcada deficiencia en su gestión, sino que ha propiciado la corrupción y el robo descarado de las arcas del Estado, un gobierno inútil y corrupto que permitió una situación de genocidio con más de 15.000 muertos, a la fecha, a causa de la desidia criminal de su política.

Consideramos que el Congreso debe rechazar categóricamente esta posición y sentar una de oposición frontal y de rechazo tanto al plan económico del Gobierno y a la gestión de la Ministra encargada de aplicar ese plan en el área del trabajo.

3.- Análisis y consideración de la posición asumida por la CUT, CUT-A y CNT junto a otras centrales, publicada en la página del Representante Obrero ante el Consejo Administrativo del IPS (que no fue desmentida formalmente por ninguna de estas Centrales) con respecto a la Resolución de la Corte Suprema que pone en peligro no solo los fondos previsionales sino el propio sistema de reparto solidario.

Ante este peligroso hecho de características verdaderamente alarmante las autoridades del IPS minimizaron la gravedad de las circunstancias y lejos de preocuparse por los fondos previsionales, lo que hicieron fue destituir al funcionario (Pedro Halley) que alertó sobre este hecho, sosteniendo que no existe ningún peligro, que ya se tomaron las medidas para solucionar el problema. La postura asumida por los compañeros de estas Centrales fue apoyar esta posición de las Autoridades del IPS y ratificar su apoyo a las gestiones del Representante Obrero en el Consejo del IPS.

Nosotros, respetuosamente, consideramos que esta postura de apoyo al Consejo Administrativo es errada. Creemos que la posición del Consejo Administrativo del IPS es irresponsable y temeraria y que no toma con seriedad la defensa de los fondos previsionales que hoy nuevamente se ven amenazados. La medida de suspensión temporal de la aplicación de la resolución de la Corte Suprema de Justicia no soluciona el problema de fondo, la resolución sigue firme y es falso que el problema esté solucionado. También nos parece lamentable el apoyo a la “gestión” del Consejero quien ha sido puesto ahí para seguir fielmente los mandatos de su jefe, el presidente de la república.

Finalmente, la CCT se compromete a seguir luchando por la recuperación del movimiento sindical, la unidad de acción por encima de las diferencias, la solidaridad en las luchas, la movilización permanente y la defensa inclaudicable de los intereses de la clase trabajadora», concluye señalando. 

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