Caso Curuguaty: piden nulidad del proceso contra campesinos
En la mañana de este viernes se retomó el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. En una comunicación con el programa Acción Radio, trasmitido por radio Fe y Alegría 1300 AM, el abogado de cuatro de los campesinos, Víctor Azuaga, informó que presentaron un pedido de nulidad de todo el proceso y el sobreseimiento de los labriegos ante la insostenibilidad de la acusación del Ministerio Público por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa.
En este sentido, señaló que no existe el delito de invasión denunciado por Campos Morombí, que no es propietario del inmueble, que según todas las documentaciones públicas pertenecen al Estado y fueron declaradas de interés social para la reforma agraria en 2005.
En segundo lugar, tampoco corresponden los cargos de asociación criminal formulados a partir de una lista de integrantes de la comisión anotados en un cuaderno encontrado en el campamento de los campesinos y que luego desapareció tras supuestamente caer en un arroyo. Además, se trata de una comisión vecinal legalmente reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuya conformación es un requisito para los campesinos que desean acceder a los programas de tierras del Estado.
Como tercer punto señaló que al existir muertes consumadas y elaborar cargos solo por tentativa de homicidio, la fiscalía se niega a investigar y esclarecer qué ocurrió en la matanza que fue utilizada con fines políticos para destituir al presidente Fernando Lugo. A esto se añade que no existe ningún policía investigado ni procesado por la muerte de los 11 campesinos.
Azuaga denunció una intencionalidad del Ministerio Público de ocultar lo que ocurrió en la masacre del 15 de junio de 2012 al designar a Jalil Rachid como fiscal del caso, quien tiene vínculos políticos con una de las partes, en este caso con la familia Riquelme, vinculada a la dirigencia del Partido Colorado al igual que la familia Rachid. Por ello calificó de inepto al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y dijo que debería ser apartado del cargo.
Por su parte, el fiscal pidió la constitución de los miembros del tribunal de sentencia en el lugar de los hechos para tener una “visión fáctica” de lo ocurrido. También solicitó una pericia sicológica y siquiátrica a todos los acusados.
