Campesinos reafirman reclamo sobre tierras fiscales en Canindeyú
Labriegos nucleados en la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se ratifican en que las tierras ocupadas por la estancia Pindó, en el departamento de Canindeyú, son de origen fiscal y que deben ser recuperadas para la reforma agraria.
El pronunciamiento se dio a propósito del anuncio del fiscal de Salto del Guairá, Lorenzo Lezcano, quien dijo que para el próximo 16 de junio ingresarán a las tierras reclamadas para arrestar a las personas que se encuentren acampando en el lugar. De acuerdo a publicaciones de la prensa, el agente dijo que no se realizará un desalojo, sino una “constitución” procediendo a arrestar a las personas que se nieguen a abandonar el inmueble.
Esta “precaución” se daría para evitar un enfrentamiento que derive en muertes como ocurrió en Curuguaty el 15 de junio de 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento. Como en esta ocasión, aquella vez los campesinos reclamaban la recuperación de tierras estatales usurpadas por empresarios agrícolas.
El inmueble en conflicto tiene una superficie de 4.499 hectáreas. Las tierras pertenecían al Estado, pero fueron adjudicadas ilegalmente a la firma Perfecta S.A.M.I. en concepto de “permuta” por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) durante la administración de Juan Manuel Frutos. A cambio de la propiedad el empresario Enrique Bendlin Loppacher (padre del actual director del Grupo Perfecta, Rainer Bendlin), transfirió a favor del IBR un avión Marca META-SOKOLL-L 403”, propiedad de Perfecta S.A. Ambas partes coincidieron en tasar el avión y las tierras en 3 millones de guaraníes.
No obstante, la organización campesina recuerda que “la ley 854/63 que establece el Estatuto Agrario, que regía al momento de dicha adjudicación por la vía de la permuta, no autoriza al IBR a adjudicar tierras de reforma agraria a una empresa mercantil como era Perfecta S.A. y menos a una sociedad anónima, porque dicha ley no reconoce como beneficiarios del Estatuto Agrario a las sociedades anónimas y mercantiles”.
Según denunció la empresa, el 28 de marzo pasado unas 100 personas atacaron la estancia ubicada en el distrito de Yvyrarovana, en el departamento de Canindeyú, quemando casas, galpones y termos para cría de embriones de ganado causando un perjuicio que fluctuó entre los 500.000 dólares y los 1 millón de la moneda norteamericana. Los labriegos rechazaron las acusaciones e incluso mencionaron un supuesto autogolpe de la empresa para justificar la represión y las persecuciones. Otras versiones señalan a otro asentamiento ubicado en las cercanías del lugar, pero cuyos miembros no pertenecen a la OLT.
A su vez, esta organización ha denunciado en reiteradas ocasiones ataques de parte de civiles armados, causando heridos e incluso secuestrando a miembros de la organización para torturarlos y amenazarlos para que desistan de su reclamo.
