21 Ene Los límites de la agenda mediática
Más allá de la corrupción en el Estado, como los planilleros del TSJE, hay un espacio oscuro en el que los grandes medios no entran.
Los grandes medios de comunicación –digitales, radiales, televisivos e impresos- vienen haciendo desde la caída de la dictadura estronista un trabajo informativo meticuloso para iluminar el robo de la cosa pública en sus diferentes formas: licitaciones amañadas, desvíos y malversación de fondos, sobrefacturaciones, cobro de sueldos sin trabajar, nepotismo y clientelismo en la función pública…. La lista puede ser interminable.
Este es el menú informativo –diario, minucioso y repetitivo- que sirven en el plato del que comen lectores, televidentes y oyentes de todo el país. Una agenda de informaciones, el del robo de los bienes y recursos públicos, que, sin duda, ha echado luz sobre eso que durante 35 años de dictadura quedó oculto en el oscuro recinto del Estado Oligárquico Colorado. Una luz saludable que consolida el proceso democrático en el país al visibilizar la cultura del latrocinio, el estado de corrupción, la legitimación social del robo, la escasa existencia de la conciencia de propiedad pública del paraguayo y la paraguaya.
Pero este plato informativo, esta agenda de temas de corrupción en el Estado que se repite diariamente, no contiene hechos de corrupción y grandes negociados que, desde más allá de la frontera estatal, se alientan, se promueven y se cometen contra los intereses del país y de su gente, para beneficio de los grupos de poder económico que se mueven, agazapados, en ese espacio oscuro, denso y putrefacto.
Por esto es que la gente de este país sabemos poco del impune e inmenso negociado inmobiliario de tierras rurales y urbanas que se cuecen en las tiendas de las grandes empresas inmobiliarias, del gigantesco contrabando de mercaderías que llegan a las góndolas de las cadenas de supermercados, de los escasísimos impuestos que estos pagan, de las benevolentes leyes financieras que permiten el robo legal perpetrado por los bancos y las financieras; también de la usurpación de las tierras públicas a manos de terratenientes sojeros y ganaderos, de la benevolente ley de telecomunicaciones y su abierta violación perpetrada por los propietarios de los medios audiovisuales y radiales, de la cada vez más concentrada propiedad de los medios en un duro oligopolio. Ubicados en este espacio oscuro, estos temas no reciben el tratamiento que sí reciben la corrupción y los negociados perpetrados directamente dentro del Estado.
Y no es que no lo publican. Lo publican, sí, pero aisladamente, en pequeños espacios, cada muerte de obispo, sin seguimiento, sin contexto, sin esa constante y diaria repetición de la que habla el refrán: hasta la mentira se vuelve verdad cuando se la repite todos los días. Lo que publican sobre ese robo que se perpetra fuera de la frontera estatal se vuelve una anécdota que se pierde en el alud informativo diario.
Las causas del límite de la agenda informativa de los grandes medios están, sin duda, en los intereses de los propietarios de los grandes medios y de sus trabajadores de prensa, que comen de esos medios; intereses, el de los propietarios, que se ramifican en toda la economía del país. Propietarios que forman parte de los grupos de poder económicos que, de facto, mandan mucho más que los que trabajan en y dirigen el Estado.
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