Jorge Figueredo, el fiscal destituido por investigar a «Bachi» Núñez

Por Mattia Fosatti*

Todavía no puede creer lo que pasó hoy. Pero él no se rindió en eso. Jorge Figueredo trabajó como agente fiscal en el Ministerio Público de Villa Hayes. Se le había encomendado la investigación del clan Núñez, una poderosa familia de Villa Hayes sospechosa de haber aumentado enormemente su riqueza gracias al vínculo con el expresidente de la República, Horacio Cartes. Una incómoda investigación que llevó Figueredo, pocas semanas después de abrir el expediente, a ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Una estratagema que se utiliza con demasiada frecuencia en Paraguay para bloquear las investigaciones sobre la relación entre la política y el crimen organizado. ¿De quién se suponía que debían protegerse los hermanos del clan Núñez? ¿Y qué había encontrado Figueredo tan comprometedor?

“Los Núñez eran una familia bastante humilde -dice el exagente Fiscal- luego sin duda tuvieron un crecimiento bastante importante de los activos ya que más o menos en 2006 obtuvieron varios cargos públicos”.

Desde 2006 los Núñez han extendido su influencia en la zona de Villa Hayes, período en el que Oscar ‘Nono’ Núñez fue elegido alcalde de la ciudad, gracias al apoyo indispensable del gobernador del departamento del presidente Hayes, Isidro ‘Penin’ Roussillon.

‘Nono’ y ‘Penin’ son buenos amigos y no se pisan los pies. De hecho, nadie, salvo el Ministerio Publico, protestará por las grandes sumas de dinero que desaparecerán de las arcas de las dos administraciones en ese período. Desde aquí comenzará la subida al corazón de la República. Primero, el clan toma el control de Opaci, un organismo gubernamental que se ocupa de las relaciones entre los municipios y las instituciones del gobierno estatal. En otras palabras, administra una montaña de dinero con poco control. En 2006 Basilio Núñez fue nombrado director ejecutivo de la organización y cuando el presidente Cartes lo llamó a Asunción, Ricardo Núñez, el alcalde saliente de Villa Hayes que había dejado un vacío de 6 mil millones de guaraníes en el presupuesto del municipio. Gracias a su nombramiento, Opaci se convirtió en una costilla de la familia Núñez. Más tarde se supo que casi $ 2 millones donados a Opaci por el gobierno venezolano habían sido destinados a la construcción del sistema de alcantarillado de Villa Hayes. Una red de alcantarillas y tuberías que todavía apesta de sobrefacturación de contratos. Sin embargo, incluso en este asunto, la Fiscalía no presentó alguna acusación y Ricardo luego se convirtió en miembro de la Comisión Nacional del Juego.

Pero es Basilio quien lleva al clan a la sala de control. Convirtiéndose, en el asesor político del presidente Horacio Cartes, dueño de la mayor industria tabacalera de Paraguay, la Tabacalera del Este, y sospechoso por el Departamento de Estado de Estados Unidos de haber utilizado el país de las Barras y Estrellas como una lavandería gigante para limpiar el dinero sucio de su grupo.

En 2018 Basilio ‘Bachi’ Núñez incluso fue electo a la Cámara de Diputados en las filas del Partido Colorado, la fuerza política que ha liderado con firmeza Paraguay desde el inicio de su historia democrática. Núñez, sin embargo, pertenece a la zona cartista del Partido Colorado, es decir, el grupo de parlamentarios leales al expresidente Cartes. Y es precisamente durante el quinquenio en que el rey de los tabacos permaneció sentado en el Palacio Presidencial que los Núñez tuvieron un importante crecimiento patrimonial. “El tráfico de influencia es un delito muy común en Paraguay. Los Núñez ocupaban un cargo importante y eran muy cercanos a Cartes, por lo que podían hacer favores a muchas personas a cambio de grandes sumas de dinero. Estas son las sospechas en su contra, pero hasta la fecha no hay pruebas”, explica Figueredo.

Evidencia que el agente fiscal Figueredo estaba buscando cuando en abril de 2019, es decir, menos de seis meses después de hacerse cargo de la investigación, fue suspendido de su cargo y posteriormente expulsado del Ministerio Publico. O, mejor dicho, utilizaron otra investigación realizada por Figueredo para poder sacarlo de la investigación del clan Núñez. El fiscal Figueredo fue acusado de haber ‘protegido’ a un policía acusado de intentar matar al medio hermano de su esposa para protegerla de la agresión del hombre. Para Figueredo, habría sido legítima defensa pero los abogados del agresor utilizaron este pretexto para impugnar y denunciar al fiscal, quien fue golpeado primeramente con la suspensión en el cargo en abril de 2019, resuelta por el JEM (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) sin que recibiera el apoyo real de parte de la Fiscal General del Estado Sandra Raquel Quiñonez (candidata predilecta de Horacio Cartes).

El fiscal suspendido fue dejado absolutamente solo por todos, ni la Fiscal General del Estado ni ningùn magistrado, fiscal o juez ni organismo público alguno se habia solidarizado con él. Quedó solo en presencia del JEM, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, el órgano encargado de juzgar la regularidad de la conducta de los magistrados en el ejercicio de sus funciones. De hecho, el JEM encontró a Figueredo culpable por haber incurrido en la causal de «mal desempeño en sus funciones» y lo sacó de la Fiscalía.

“¿Cuál sería el mal desempeño? ¿Por haber solicitado un sobreseimiento definitivo? Que de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, y el Codigo Procesal Penal tenía facultades para dicho requerimiento», Figueredo todavía pregunta hoy. Más extraño aún es el texto de la sentencia que destituyó al agente encargado de investigar a los Núñez. “El argumento fundamental no supera las ocho líneas. Utilizaron una fórmula muy genérica que no dice absolutamente nada”, explica el exagente fiscal.

Más increíble aún es lo que le propusieron antes de que sea destituido, cuando estaba suspendido, y su proceso ante el JEM estaba en curso. «Se me acercó, mejor dicho me llamó a mi celular en más de una oportunidad un agente fiscal de Villa hayes, excompañero de trabajo cuando ejercía como fiscal, quien a raíz de la recusación que sufrí, me había sustituido como agente fiscal del caso, quien había cambiado mi requerimiento de sobreseimiento definitivo por la acusación en ese momento para el esposo (policía) de la verdadera víctima y me dijo: ‘¿Por qué no vas a hablar con la abogada que te denunció y quien esta detrás de tu suspensión?'». Una especie de pacto secreto que podría haber llevado Figueredo a la renuncia del cargo si el si hubiera cambiado radicalmente de opinión sobre la dinámica de la tentativa de homicidio. Mas que un pacto es compromiso a la baja y que Figueredo devolvió al remitente. Ahora, como hace un año, Jorge Figueredo se encuentra esperando otra sentencia, esta vez de la Corte Suprema, máxima autoridad judicial en el Paraguay, que suele tener tiempos de espera bíblicos antes de poder analizar y resolver un expediente. Podría llevar 90 días, así como cinco años, para poner fin a la historia.

Mientras tanto, el exagente fiscal Figueredo se encuentra expulsado de la Fiscalía simplemente por haber cumplido con su deber: no haber llegado a un acuerdo con la narcopolítica y la corrupción paraguaya.

*Publicado originalmente en Antimafia Dos Mil

 

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